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La tragedia de Pitrufquén puso en el tapete una realidad de la que poco se habla: la de los adultos mayores que viven en residencias de larga estadía, tanto autorizadas como no. Las últimas cifras de las que el gobierno dice haber noción datan de 2021.
Entre las medidas anunciadas se encuentra la publicación de un registro de establecimientos con autorización sanitaria, así como también el refuerzo de las fiscalizaciones con foco preventivo.
Los ministerios de Desarrollo Social y de Salud sostuvieron varias reuniones durante la última jornada para trabajar en medidas que eviten este tipo de situaciones. La residencia no cumplía con la norma vigente y el Ejecutivo puso el foco en la clandestinidad que se da en este tipo de lugares.
Peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística se trasladaron hasta el SML, con el fin de tomar muestras de ADN de los fallecidos para trabajar en su identificación.
Doce familias ya entregaron muestras genéticas y una decimotercera lo hará en Santiago. Las autoridades advirtieron que el proceso de identificación podría extenderse y que aún no existe una fecha para la entrega de los cuerpos.
El hogar El Edén operaba sin autorización, arrastraba fiscalizaciones y denuncias previas, y su sostenedora declaró en calidad de imputada. La Fiscalía indaga eventuales responsabilidades, mientras los sobrevivientes ya fueron reubicados y el SML avanza en la identificación de las víctimas.
La ministra de Desarrollo Social informó que SENAMA trabaja en la reubicación de los sobrevivientes en residencias autorizadas y aseguró que seguirá de cerca la investigación del Ministerio Público.
El Presidente instruyó reforzar la prevención y fiscalización de estos recintos y anunció colaboración con la justicia para determinar si existieron fallas o alertas que no fueron atendidas. El hogar siniestrado ya era objeto de revisión por sus permisos y fiscalizaciones previas.
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