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Aunque el gobierno pretendía corregir ciertos aspectos sensibles del artículo que obliga a reponer gratuitamente el suministro eléctrico, de gas y de agua potable en zonas de catástrofe, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno dijo que por ahora "no son los tiempos para iniciar un nuevo debate”.
Los gremios de las empresas de servicios básicos activaron una nueva vía legal dentro de una causa que sigue abierta ante el TC por el control de constitucionalidad del proyecto de ley de reconstrucción nacional, para intentar frenar la polémica norma.
Uno de los principales argumentos del gobierno era que las 48 horas de plazo que da el artículo 31 es un lapso muy corto, e incluso peligroso en algunas situaciones, para lograr la reconexión. Un grupo de abogados especialistas avizora una mayor judicialización frente a este escenario.
Susana Jiménez dijo que la norma puede generar efectos sobre las cuentas incobrables, alterar los incentivos al cumplimiento de las obligaciones "y sentar un precedente complejo respecto de cómo se financian futuras medidas de apoyo".
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios señalaron que la norma de reposición de servicios "implica destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales, que podrían ser necesarios para recuperar infraestructura y reponer el servicio". En tanto, Empresas Eléctricas sostuvo que "establece plazos rígidos sin considerar las condiciones reales de seguridad durante una catástrofe”.
El gobierno buscaba echar abajo un artículo de la megarreforma que había logrado ser incorporado por la oposición.
El Tribunal Constitucional rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por el gobierno en contra del artículo 31 de la denominada megarreforma.
Tribunal Constitucional rechazó la impugnación del Ejecutivo en contra de una disposición que obligaba a las empresas sanitarias, eléctricas y de gas a reponer gratuitamente los servicios básicos que hayan sido interrumpidos -incluso por no pago- antes y durante la vigencia de la declaración de una zona de “catástrofe”.
El pleno del tribunal rechazó por 9 votos contra 1 el reclamo presentado por el Ejecutivo que buscaba anular el artículo obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar de forma gratuita a hogares y Mipymes en zonas de catástrofe.
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